Para que en España podamos vivir bien, como nos merecemos, hay que realizar cambios de raíz a nivel político, económico y social.

Nuestro objetivo es cambiar el sistema político y económico actual, que está diseñado matemáticamente para empobrecer a la población y enriquecer a las élites, por otro que esté matemáticamente diseñado para enriquecer a la población. Y, además, transformar nuestra forma de vida de forma que la gente tenga mucho más tiempo libre, más tranquilidad, más salud, etc. Creemos que no es fácil conseguirlo, pero también creemos que es factible conseguirlo.

Desde hace varias décadas la vida en España está muy bien para los políticos y sus socios, la nueva aristocracia, y muy mal para los ciudadanos. Por culpa de esa nueva aristocracia que vive tan bien a costa de los ciudadanos. Cuando se habla de cómo mejorar la vida de los ciudadanos, los políticos, “expertos”, periodistas y opinadores varios proponen muchísimas medidas, intervención de los políticos en muchos temas, ideas muy complicadas… en definitiva, proponen muchas cosas, muy complicadas todas ellas. En Sentido Común creemos que no es eso lo que hace falta para mejorar la vida de los españoles y de quién quiera vivir en España. Lo que hace falta son unas pocas reformas en temas clave, y a partir de ahí todo empezará a funcionar bien. Esas pocas reformas que hacen falta para mejorar la vida de los españoles es lo que llamamos Fundamentos, pues son los pilares, los cimientos o fundamentos sobre los que entendemos que se debería construir la sociedad española. A continuación los exponemos detalladamente. Primero expondremos las medidas que entendemos que se deberían hacer, a las que llamaremos “Objetivos”, y después las medidas necesarias para llevar a cabo esos objetivos.

Objetivos

Las medidas fundamentales que entendemos que deberían llevarse a cabo para mejorar la vida de los españoles, lo que llamamos los Fundamentos, son:

1. Sistema de pensiones de capitalización
2. Liberalizar el suelo
3. Bajar drásticamente los impuestos => Acabar con la pobreza impositiva
4. Transparencia con el dinero público
5. Separación de poderes
6. Prohibición del aborto
7. Sistema electoral justo y transparente
8. Educación en el hogar y cheque escolar

A continuación explicamos cada uno de los Fundamentos.

1.- Sistema de pensiones de capitalización

El actual sistema de pensiones obligatorio en España, llamado eufemísticamente “de reparto” es la mayor fuente de empobrecimiento de la población que existe. Es profundamente injusto, y está diseñado matemáticamente para empobrecer a todo el que participe en él. Y nos obligan a todos a participar en él, luego nos empobrece a todos. Y mucho. Es lo que popularmente se denomina “estafa piramidal”… eso por lo que a Madoff le condenaron a muchísimos años de cárcel.

La riqueza se crea con trabajo, tierra y capital. Y el actual sistema de pensiones lo que hace es concentrar la propiedad de la riqueza en una minoría, de forma que la mayor parte de la población al jubilarse no tenga riqueza a su nombre y tenga que vivir de un subsidio al que llaman “pensión”. Además, durante la vida laboral quita importantísimas sumas de dinero, empobreciendo a toda la población, con la excusa de “dar” una “pensión digna” en el momento de la jubilación.

Esta concentración de la propiedad de la riqueza en una minoría es uno de los factores que más ha determinado el modo de vida de toda la población, desde el día que nace al día que muere. Nuestra propuesta consiste en transformar completamente la sociedad y la vida de las personas, desde el día que nacen al día que mueren, al permitir el reparto natural de la propiedad y la riqueza entre toda la población, lo cual no solo hará a la población más rica, sino que les hará tener más salud, más tiempo libre, mejores relaciones, mejor estado de ánimo, etc.

¿Os imagináis que después de que una persona se pasase 40 años pagando las letras de un piso, en lugar de conseguir tener el piso en propiedad consiguiese tener “el derecho a una vivienda digna”, quedando al capricho de los gobernantes el determinar qué es para ese ciudadano una “vivienda digna”? Pues así es exactamente cómo funciona el sistema de pensiones: una persona se pasa décadas pagando obligatoriamente cantidades ingentes de dinero para la pensión, y al final lo que consigue es “el derecho a una pensión digna”. No tiene ni un euro a su nombre, y son los gobernantes los que deciden qué consideran qué es una “pensión digna” para esa persona. Es decir, una persona que ha estado décadas pagando cantidades ingentes de dinero para su jubilación, cuando se jubila está arruinada. Ha sido arruinada por el Estado con su sistema de pensiones “de reparto”… “solidario”, dicen que es.

Obviamente, la economía no puede funcionar bien con un sistema así arruinando masivamente a la gente. Por tanto, es de sentido común cambiar ese sistema.

Nosotros creemos que el diseño del sistema de pensiones debe basarse en las matemáticas, no en las ideologías. Y, por ello, proponemos un sistema que habitualmente se denomina “de capitalización puro”, que es un modelo matemáticamente diseñado para aumentar constante y continuamente la riqueza de los ciudadanos.

Básicamente el sistema de pensiones que proponemos consiste en que cada persona que pague dinero para su jubilación, tendrá TODO el dinero que pague a su nombre, y ese dinero deberá ser invertido, no simplemente guardado, para que dé rentas y vaya creando más y más riqueza con el paso de los años. Ese dinero que cada persona vaya guardando a su nombre para su jubilación será parte del patrimonio de esa persona, lógicamente, por lo que será heredado por sus herederos, igual que si hubiese metido ese dinero en un piso, una nave industrial, o cualquier otro bien.

Una de las principales ventajas del sistema de pensiones que proponemos es que cuando la gente se jubile tendrá mucho dinero ahorrado, y unas rentas muy importantes. Y eso tiene una consecuencia fundamental: los jubilados dejarán de depender económicamente de los políticos. Ahora los jubilados, en general, malviven con pensiones míseras, y están todo el día pendientes de si los políticos les quieren subir o bajar la pensión, y con permanente miedo a que les dejen de dar la pensión cualquier mes. Con nuestro sistema los jubilados tendrán su patrimonio y sus rentas independientemente de lo que digan o hagan los políticos, y eso les hará independientes económicamente. Es decir, les dará LIBERTAD.

Algo que hay que aclarar es que NO proponemos que el dinero de la jubilación se meta en fondos de inversión y planes de inversiones. Proponemos que sea invertido por cada persona, siguiendo unas normas que minimice los riesgos y aseguren las inversiones.

Por supuesto, no podemos olvidarnos de la gente que por circunstancias de la vida acaba sin tener dinero para su jubilación. A esa gente se le daría un subsidio, pagado con el dinero recaudado vía impuestos (no con el dinero de las pensiones). Pero hay que tener en cuenta que como el sistema de pensiones que proponemos cambia la actual destrucción de riqueza por creación de riqueza, habría mucha menos gente necesitando esos subsidios, y muchísimo más dinero para pagarlos.

Estas son las líneas básicas de nuestro sistema de pensiones, pero en posteriores documentos iremos detallándolo, explicando cada aspecto, como de dónde se sacaría el dinero para hacer la transición del actual sistema al nuevo, cómo habría que invertir, etc.

2.- Liberalizar el suelo

Hoy en día hay muchos problemas relacionados con la vivienda, con conseguir un inmueble para poner un negocio, con la corrupción urbanística, etc. Pues todos esos problemas y muchos más (como, en gran parte, el paro y la perpetua crisis económica) se resolverían totalmente haciendo algo que técnicamente es muy fácil de hacer: liberalizar el suelo.

Lo primero que tenemos que aclarar para hablar de este tema es una leyenda urbana que dice que “Aznar liberalizó el suelo”. Eso es mentira. Aznar no liberalizó el suelo, y por eso fue corresponsable de la ruina que provocó la burbuja inmobiliaria. Lo que hizo el PP de Aznar fue decir que querían liberalizar el suelo. Entonces el Tribunal Constitucional se lo prohibió, diciendo que el urbanismo es competencia de las autonomías Y las autonomías del PP no liberalizaron el suelo. Y todo siguió como siempre.

Para tenerlo claro: ningún político ha liberalizado el suelo en España. O, dicho de otro modo: todos los políticos que hasta ahora nos han gobernado han estado de acuerdo en no liberalizar el suelo. Lo que solo puede significar una cosa: liberalizar el suelo es bueno para los ciudadanos.

Antes de explicar en qué consiste liberalizar el suelo, explicaremos en qué consiste el sistema actual. Actualmente son los políticos los que deciden dónde se puede construir, y donde no. A nivel nacional hay ciertos terrenos que se protegen por motivos de especial interés (ecológico, militar, etc), pero la parte fundamental del ordenamiento urbanístico la deciden los ayuntamientos. Es decir, si un terreno reúne todas las condiciones para ser construido y no perjudica a nadie que se construya en él, pero el ayuntamiento prohíbe que se construya en él, no se podrá construir en él. Y ese es el origen de la corrupción urbanística que consiste en que si alguien tiene un terreno, y paga a los corruptos del ayuntamiento para que le permitan construir, podrá construir. Pero con un sobrecoste muy importante (la parte más cara de un inmueble es el terreno, algo que en realidad es baratísimo y muy abundante), las comisiones ilegales, que las tendrán que pagar quienes se compren sus pisos. Algo que pasa mucho en España es que mucha gente en los pueblos tiene terrenos: pues por no liberalizar el suelo, no pueden construir en ellos, y encima les cobran impuestos solo por permitirles mantenerlos en su poder.  Además, al tener ellos el control de cuánto se puede construir crean escasez de suelo, o (mediante periodistas) sensación de escasez de suelo, y hacen creer a la gente que hay pocas viviendas, que es un bien escaso, y que “nunca bajan de precio”… a pesar de que tras la burbuja han bajado de precio.

Y es por todo esto por lo que las viviendas son tan caras y es tan difícil comprar una vivienda. Es decir, en resumen: las viviendas son muy caras porque los políticos las encarecen gracias a no liberalizar el suelo.

Ahora vamos a explicar en qué consistiría liberalizar el suelo, y por qué liberalizar el suelo abarataría drásticamente el coste de las viviendas.

Liberalizar el suelo consistiría en que se podría construir en todo terreno que no tuviese una especial protección (ecológica, militar, etc). Esto significaría que la oferta de suelo aumentaría enormemente en España y, además, que ningún político podría pedir dinero a nadie por permitirle construir, pues todo el mundo tendría permiso para construir. Y por eso bajaría tanto el precio de las viviendas: porque al aumentar la oferta de suelo bajaría mucho su precio  (y el precio del suelo es la parte más cara de los inmuebles) y porque no habría que pagar comisiones ilegales a los políticos.

Hay que aclarar que liberalizar el suelo no significaría que no hubiese que ordenar el suelo, para evitar desmanes, como, por ejemplo, un rascacielos en mitad de un pueblo de los Pirineos. Entendemos que habría que regular aspectos de las viviendas, como las alturas máximas permitidas, el aspecto estético que fuese acorde con el entorno, etc. Y también habría que regular la urbanización, es decir, definir las calles y plazas, etc. Pero siempre teniendo en cuenta que esas regularizaciones no podrían usarse para que en la práctica fuesen prohibiciones. Por ejemplo, no sería admisible exigir una parcela mínima de 20.000 metros cuadrados para poder construir, porque eso es evidente que el único fin que tendría sería prohibir construir a los propietarios de parcelas pequeñas.

3.- Bajar drásticamente los impuestos

El artículo 31 de la Constitución de 1978 dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

Lo que no aclara la Constitución es qué se entiende por impuestos que tienen alcance confiscatorio. Pero en España los impuestos son altísimos, mucha gente paga en impuestos alrededor del 50% de lo que gana, otros pagan mucho más, y los que pagan menos no pagan mucho menos. En Sentido Común creemos que los impuestos que actualmente se pagan en España tienen claramente alcance confiscatorio, y deben ser bajados drásticamente a todas las personas, tanto físicas como jurídicas.

¿Y cuánto habría que pagar en impuestos? Es difícil de fijar a priori.

En el colegio nos hablaban del diezmo de la Edad Media como ejemplo de la “opresión” que había en aquella época y de lo oprimido que estaba el pueblo. Y el diezmo era pagar en impuestos el 10% de lo que ganaban… ¿Es excesivo pagar un 10% en impuestos, como nos decían para que creyésemos que la Edad Media fue una época de opresión, porcentaje que está muy por debajo de lo que se está pagando ahora?

Creemos que lo que hay que hacer es reducir el gasto público al mínimo imprescindible. Y poner los impuestos en función a ese gasto.

Pero cuando hablamos de reducir el gasto público, hablamos de reducirlo en serio, no de las tomaduras de pelo que hasta ahora nos han hecho los políticos. Es decir, se debe gestionar la administración pública con la misma austeridad y eficiencia que cualquier empresa privada, entendiendo que cada euro de más que se gaste en una administración pública es un euro robado a los españoles y, por tanto, es un delito cometido por el que alguien debe pagar.

En el apartado “Reducir gasto público – aumentar ingresos públicos” explicaremos con más detalle nuestra propuesta.

4.- Transparencia con el dinero público

Los españoles tenemos la obligación de pagar impuestos (altísimos impuestos, en estos momentos) pero no tenemos derecho a saber qué se hace con el dinero que pagamos en impuestos. Esto no sólo es injusto, sino que dificulta en extremo que los ciudadanos puedan saber si los dirigentes gestionan el dinero bien o mal y, por tanto, impide que los ciudadanos puedan votar con conocimiento. Es decir, no saber en qué gastan el dinero público dificulta mucho que en España haya democracia.

En España hay mucha gente creyendo que su alcalde le ha regalado un polideportivo, y le ha llevado gratis a grupos muy conocidos por las fiestas de su localidad, creyendo que el colegio de sus hijos es gratis… esperando que les den ayudas gratis, que les den subvenciones gratis… y no se dan cuenta de que todas esas cosas las pagan ellos, junto al resto de los españoles. Y que no solo no son gratis, sino que cuestan más que si las pagase solo el que las quiere hacer, pues se hacen con dinero público para pagar sueldos a amigos, familiares y socios que no trabajan pero sí cobran, para cobrar comisiones, etc. Y mucha gente no se da cuenta de lo que cuestan realmente esas cosas porque no nos informan, ni los políticos ni los periodistas. Llevamos décadas oyendo y leyendo que los políticos nos dan cosas “gratis”, sin que nadie nos diga cuánto dinero público nos cuestan esas cosas “gratis”. Y si nos metemos en los presupuestos públicos  para intentar ver cuánto cuestan, lo que vemos es que es imposible ver cuánto cuestan, ni cuánto dinero público ingresan los que lo gestionan.

Otro asunto con el que engañan a la población es con cuánto cobran los políticos, y cuánto nos cuestan. Cuando nos dicen cuánto cobra un político nos dicen cuál es su sueldo. Pero su sueldo suele ser solo una pequeña parte de lo que cobra. Además de su sueldo cobran dietas, extras por participar en comisiones y por otros conceptos que se les ocurren y, además, suelen ocupar muchos cargos, en los que no trabajan, pero sí reciben un sueldo por ellos. Y además de cuánto cobra un político hay que tener en cuenta cuánto nos cuesta cada político en escoltas, asistentes personales, inmuebles que ocupa, coches y conductores oficiales, etc.

Entendemos que hay que acabar con esta situación, y la forma de hacerlo es informar a la gente. Hay que aprovechar todas las ventajas que tenemos hoy en día gracias a internet para hacer llegar a toda la población todos los datos sobre el dinero público. Así, creemos que debe hacerse obligatorio por ley que se facilite toda la información sobre cómo se gasta el dinero público. En concreto, proponemos las siguientes medidas:

• Toda aquella persona física o jurídica que cobre dinero público, debería publicar en sus redes sociales cuánto dinero público cobra y por qué conceptos. Si no tiene redes sociales, debería hacerlas, para hacer pública esa información. También deberán publicar esa información las webs y las redes sociales de los organismos públicos que le pagan
• Todos los cargos políticos, incluido el Rey, debería publicar en sus redes el dinero público que cobran en total, detallando los conceptos por los que cobran y, además, deberían detallar cuánto dinero nos cuestan por todos los conceptos: asesores, asistentes, escoltas, vehículos oficiales, conductores, etc.
• Toda actuación de una administración que suponga gasto de dinero público debería ser publicada en las redes y la web de esa administración especificando cuánto dinero público ha costado. Y cada vez que una actuación se anunciase públicamente, se debería anunciar su coste junto a los anuncios de la actuación. Por ejemplo, todo ayuntamiento que anunciase las fiestas de la localidad, en todas las publicaciones y carteles en que anunciase las fiestas debería publicar cuánto dinero han costado. Otro ejemplo: los programas de televisión deberían poner su coste todo el tiempo que durase la emisión del programa.
• Se debería hacer una sola web para todas las administraciones públicas y organismos políticos, en la que se centralizaría toda la información de todas esas administraciones y organismos. Esto no solo supondría un importantísimo ahorro de dinero público, sino que facilitaría al ciudadano acceder a la información.
• El incumplimiento de estas obligaciones debería ser castigado con penas cárcel. Incumplir estas obligaciones no supone malgastar dinero público, sino engañar a los ciudadanos, al no informarles de la verdad. Y el objetivo de ese engaño sería vivir mejor a costa del dinero público, usando para ello la ignorancia de los ciudadanos. Por tanto, el incumplimiento debería implicar ir a la cárcel, para impedir que el que engaña disfrute de una vida mejor gracias a engañar a los ciudadanos.

5.- Separación de poderes

La separación de poderes es imprescindible para que haya democracia. Y en España no hay separación de poderes. Así que hay que conseguir que en España haya separación de poderes para que logremos tener democracia.

Se considera que hay 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En España el Poder Ejecutivo lo tiene el Gobierno, el Poder Legislativo el Congreso, y el Poder Judicial los Jueces y Magistrados. Eso es en teoría, pero en la práctica no existe esa separación de poderes.

Lo primero que habría que hacer para que hubiese separación de poderes sería hacer elecciones por separado para cada Poder. Así, debería haber elecciones:

• A Presidente del Gobierno. Quien saliese elegido formaría su Gobierno, y ejercería el Poder Ejecutivo. En ningún caso podría elaborar leyes, pues para eso está el Poder Legislativo.
• Al Congreso. Los elegidos para el Congreso elaborarían las leyes, pues serían el Poder Legislativo.
• Al Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Actualmente es propuesto por Congreso y Senado, es decir, por el Poder Legislativo, no existiendo, por tanto, separación de poderes.
• Al Fiscal General del Estado. Actualmente es propuesto por el Gobierno, es decir, por el Poder Ejecutivo, oído el CGPJ, que es nombrado por el Poder Legislativo. Obviamente, tampoco en este caso existe separación de poderes.

En todas estas elecciones votarían todos los ciudadanos, y la circunscripción electoral sería todo el territorio nacional, es decir, habría circunscripción electoral única.

No incluimos las votaciones al Senado porque entendemos que debe ser eliminado, igual que las autonomías y las diputaciones.

Además, habría que eliminar todo aquello que impide que haya separación de poderes. Muchas de esas cosas son detalles en multitud de leyes, por lo que examinar cada caso sería demasiado extenso, así que hablaremos de los temas más fácilmente visibles.

El Poder Ejecutivo no debería poder hacer leyes, ni nada que sea como una ley aunque lo llamen distinto para dar apariencia de separación de poderes (nos referimos a eso de “normas con rango de ley”). Pero la Constitución actual permite al Ejecutivo hacer leyes, que es tarea del Poder Legislativo. Obviamente, esto es inaceptable dentro del concepto de la separación de poderes, y por ello es totalmente antidemocrático, por lo que debería ser eliminado.

Además, otro motivo para fusionar miles de ayuntamientos y eliminar las autonomías, Senado, diputaciones, Monarquía, etc, es la separación de poderes. Al haber tantas administraciones es inevitable que haya una confusión enorme a la hora de ejecutar los distintos poderes. Y la única forma de acabar con esa confusión es reducir al máximo la administración y los gobiernos, dejando solo el Gobierno de España, el Congreso, unos cuantos ayuntamientos (unos 500, hemos estimado), el Poder Judicial , y la Fiscalía.

6.- Prohibición del aborto

Entendemos que es fundamental defender la vida humana. Y, para ello, es fundamental prohibir totalmente el aborto, en aplicación del derecho constitucional a la vida, y de la prohibición de la pena de muerte por la Constitución.

La muy lucrativa industria del aborto lleva décadas promoviendo la absurda polémica de si un feto de ser humano es un ser humano, o no. Polémica que, dicho sea de paso, no existe para los animales, pues romper huevos de ciertas aves protegidas tiene multas altísimas, pues dan por supuesta la evidencia de que de ese huevo de esa especie de un ave, lo que va a salir es un polluelo de ese ave.

Nuestro criterio sobre esa absurda polémica es claro: consideramos como ser humano a todo ser que tenga ADN de ser humano. Y, por tanto, todo ser con ADN de ser humano tiene derecho a la vida. Lo que lleva a la lógica conclusión de prohibir el aborto totalmente.

Al considerar al feto un ser humano, cualquier delito que se realizase con un feto tendría la misma pena que si se cometiese a un ser humano nacido, si bien se añadiría el agravante de la total indefensión que tiene un ser humano no nacido.

Como la industria del aborto siempre que se habla de prohibir el aborto pregunta por el supuesto de la violación, como intento de justificar el aborto, explicaremos nuestra postura al respecto. Como en cualquier otro delito, entendemos que en una violación el castigo debe ir hacia quien ha cometido el delito, no hacia quien no ha cometido ningún delito. Por tanto, en el caso de embarazo por violación, algo que es muy improbable y se da poquísimas veces, entendemos que no hay justificación legal alguna para aplicar la pena de muerte al feto. Si se considerase que se debe aplicar la pena de muerte en este caso, debería ser aplicada al violador, que es quien ha cometido el delito. No obstante, dado que la pena de muerte está prohibida por nuestra Constitución, entendemos que la pena a aplicar sobre los violadores sería la de cadena perpetua real (no prisión permanente revisable, pues esa es otra gran mentira del sistema, que permite salir a la calle a quien es condenado a ella). La cadena perpetua real consistiría en no permitir que el condenado a ella volviese a pisar la calle ni un minuto desde el momento en que es condenado a ella. No solo es un castigo justo para los violadores, sino que impide la reincidencia en el delito.

También queremos señalar con respecto al tema del aborto, que entendemos que es un síntoma de muy mala salud de nuestra sociedad. No es natural ni sano que haya miles de mujeres abortando cada año, ni que haya médicos llevando a cabo esos abortos, ni que los colegios de médicos admitan a esos médicos, ni que los gobernantes los financien, ni que los periodistas y artistas no paren de fomentarlo, ni que la gente lo vea como algo normal… el que todo esto esté pasando es un síntoma de que nuestra sociedad tiene muy graves problemas que necesitan ser arreglados por medio de cambios de raíz, como los que proponemos desde Sentido Común.

7.- Sistema electoral justo y transparente

En la democracia el poder lo tiene el pueblo. Y lo ejerce mediante el voto. Por tanto, la base de la democracia es que se cuenten bien los votos, y el sistema de reparto de votos sea justo. En la actualidad en España no está garantizada ninguna de las dos cosas. A continuación explicamos nuestras propuestas al respecto.

Reparto de votos

Actualmente, en España el sistema de reparto de votos es totalmente injusto. Y el recuento de votos no es transparente. Lo que no significa que no se cuenten los votos correctamente, sino que es imposible para los ciudadanos saber si se han contado bien los votos. Y la falta de transparencia en el recuento de votos provoca 2 problemas principales. El primero, que quienes no ganan pueden decir que les han quitado votos. El segundo, que quién gana legítimamente puede verse boicoteado por gente que diga que les han contado votos de más. Así que es fundamental establecer un sistema de recuento de votos totalmente fiable y transparente, y repartir los votos de forma justa.

En cuanto al sistema electoral, proponemos para todas las elecciones que hemos comentado antes (en el apartado de la separación de poderes) que debería haber de ámbito nacional, que haya una circunscripción única que sea toda España. Y el reparto de escaños que se haga de forma proporcional directa, sin ningún tipo de coeficiente corrector, ni fórmula, ni nada parecido. Es decir, si un partido saca el 8% de los votos, debe llevarse el 8% de los diputados. Así de sencillo, y así de justo.

En las elecciones a ayuntamientos sería lo mismo, pero la circunscripción sería el ayuntamiento. El reparto de concejales sería, igualmente, de forma proporcional directa.

Escrutinio

Respecto al escrutinio, la actual legislación vigente en España no garantiza un recuento preciso y transparente de los votos. Pero es que además, según indica gente que estudia el tema, ni siquiera se cumple dicha legislación, pues no se recuentan a mano los votos días después de las elecciones, como prescribe la ley, sino que se dan por buenos los primeros resultados que se obtienen, que según la ley son provisionales.

En SC creemos que hay que hacer el escrutinio aprovechando las actuales tecnologías para que sea totalmente preciso y transparente, por lo que proponemos un sistema muy distinto a lo que se hace ahora. Muy distinto y mucho mejor.

Voto presencial

El primer paso para que se cumplan las condiciones de voto que exige la Constitución (que sea “libre, igual, directo y secreto”, art. 68 de la CE) es conseguir que el voto sea realmente secreto, porque es la única forma de que sea libre. Por ello, las papeletas de votación solo deberían estar en cabinas individuales. Es decir, no debería permitirse que se pudiesen coger las papeletas en un lugar público, a la vista de cualquiera, como sucede ahora. Y tampoco debería permitirse que los partidos políticos envíen sus papeletas a los domicilios de los ciudadanos, pues esto sí permite que el voto sea secreto, pero solo lo pueden pagar los partidos grandes (con el dinero de los ciudadanos, eso sí), por lo que les da muchísima ventaja respecto a los partidos pequeños, pues hay mucha gente en España que tiene miedo a que su voto sea público, y prefieren votar entre las papeletas que les llegan a casa a coger una papeleta de un lugar público. Recordemos que la Constitución dice en su artículo 9 que “corresponde a los poderes públicos…  facilitar la participación de TODOS los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, por lo que poner dificultades a los partidos nuevos y pequeños, es decir, dificultar la participación de algunos ciudadanos en la vida política, es claramente anticonstitucional.

Se podrá argumentar que con el sistema actual de coger papeletas, que se pueden coger de un lugar público o de una cabina cerrada, ya se permite (que no garantiza) el voto secreto. Pero no es así, porque el método que usan determinados comisarios políticos (los de los partidos de ETA han usado siempre este método, por ejemplo) para saber a quién vota la gente es dar papeletas del partido a quien “deben” votar, y luego estar en el colegio electoral, controlando si les están obedeciendo. Así, si una persona a quien un comisario político le ha dado una papeleta, entra en la cabina a coger una papeleta, el comisario político sabe que no le ha obedecido, y por eso ha cogido una papeleta, en lugar de usar la que le había sido entregada. Por tanto, como para que el voto sea libre debe ser secreto, se deben hacer los cambios que aquí comentamos, y que solo se puedan coger las papeletas de una cabina individual y cerrada.

Una vez se ha realizado el voto de forma libre y secreta, llega el momento de contar los votos de forma precisa y transparente. A continuación explicamos qué proponemos para hacerlo.

1.- El presidente y los vocales de cada mesa electoral abren las urnas al finalizar la jornada electoral, y cuentan los votos, delante de los apoderados e interventores de los partidos, y de todo ciudadano que quiera estar presente.

2.- Se realiza un acta de papel recogiendo los resultados de cada mesa, firmada por el presidente, los vocales, y los testigos que hayan estado presentes en el recuento y quieran firmarla.

3.- Un representante de la administración introducirá los datos de cada mesa en un dispositivo electrónico (como la PDA que se usa actualmente)  y los enviará a la Administración. Según los envíe, les llegará un aviso al presidente y los vocales de la mesa, que deberán comprobar que los datos transmitidos electrónicamente son los mismos que los reflejados en el acta de papel, y en caso de que sea así, los deberán firmar electrónicamente para darles validez.

4.- Cada acta validada con las firmas electrónicas de presidentes y vocales se publicará automáticamente en una web pública, de forma que los apoderados e interventores de cada mesa, así como los ciudadanos que hayan querido asistir a los recuentos, puedan comprobar que los datos introducidos se corresponden con las actas.

La web en la que se irían publicando los datos debería dar la opción de solicitar que emita una alerta a quien lo pida, avisando de que se han publicado los datos de la/s mesa/s elegida/s por quien quiera usar esta opción.

5.- Con los resultados de la web cualquiera podría aplicar el algoritmo usado para calcular el reparto de votos (ya hemos comentado que nosotros proponemos un reparto proporcional directo, sin Sistema de  D’Hondt, ni nada parecido), y comprobar que los resultados son correctos.

Voto por correo

Los cambios que proponemos para el voto por correo son:

1.- Hacer una cadena de custodia sólida, perfectamente garantizada, como si se tratase de una prueba judicial. Para ello, los votos deberían depositarse en comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil y el Ejército, que serían quienes los custodiasen y los entregasen en las mesas electorales, directamente a presidentes y vocales.

2.- Los votos por correo deben contabilizarse por separado de los votos presenciales, y reflejar en las actas los resultados por separado.

Voto en el extranjero

El sistema para votar desde el  extranjero entendemos que es correcto, pero habría que lograr lo que hemos comentado en el voto por correo: una cadena de custodia segura.

Por ello, entendemos que para votar en el extranjero debería poderse votar tanto en embajadas y consulados, como en cuarteles del ejército y la policía de cada país (para lo cual habría que hacer acuerdos, lógicamente).

Y los votos deberían ser traídos a España en aviones militares, y ser depositados en dependencias militares o policiales, para no romper la cadena de custodia.

8.- Educación en el hogar y cheque escolar

La educación es FUNDAMENTAL para el ser humano, para que se desarrolle correctamente, para que viva bien en todos los sentidos. Por eso es fundamental una buena educación. Pero eso nos lleva a la pregunta: ¿En qué consiste una buena educación? Lo que nos lleva a otra aún más importante, y que es la base para responder esa pregunta: ¿Quién decide qué es una buena educación?

Desde luego, nosotros, SC, no somos quiénes para determinar en qué consiste una buena educación para todos y cada uno de los españoles. Y creemos que tampoco deben ser los políticos quienes lo determinen. Entendemos que no hay nadie mejor para decidir en qué consiste una educación para una persona que sus padres y su familia cercana: abuelos, tíos, hermanos, etc. Y, por supuesto, la opinión y los deseos de la persona educada debe ser parte fundamental a tener en cuenta en la educación. Hay que acabar con la situación que llevamos viviendo desde hace muchísimo tiempo en la que la persona educada es un mero sujeto pasivo que se dedica a obedecer órdenes y hacer lo que le ordenan, y cuya voluntad no importa absolutamente nada a la hora de decidir qué debe hacer con su propia vida, y cómo debe educarse.

En consecuencia con todo lo anterior, no vamos a definir un sistema de educación rígido, sino que vamos a señalar unas pautas que entendemos que se deberían tener en cuenta a la hora de educar. Y, a continuación explicaremos 2 propuestas que entendemos que son básicas para conseguir una buena educación: el cheque escolar y la educación en el hogar.

En primer lugar, nos parece bien que la enseñanza básica sea obligatoria, como dice la Constitución. Pero eso nos lleva a la pregunta: ¿En qué debe consistir la enseñanza obligatoria? Entendemos que se deberían determinar los conocimientos que se entiendan por enseñanza obligatoria por parte del Estado.

Y aquí hay un tema fundamental: lo que dice la Constitución es que será obligatoria la enseñanza básica, no la escolarización básica. Y tampoco dice que dicha enseñanza básica deba ser impartida obligatoriamente por gente con título universitario de profesor (o la denominación que en cada momento tenga ese título). Por tanto, según la propia Constitución, debería estar permitido que los niños no fuesen al colegio, y que fuesen educados por sus padres, abuelos, o personas contratadas para ello. Algo que para nosotros es fundamental.

En consecuencia a lo anterior, creemos que hay que definir qué comprende la enseñanza básica obligatoria, y a partir de ahí dar libertad a los padres sobre cómo impartirla a los hijos: en un colegio o en su casa, o en un taller, o en una huerta, o en el campo, o donde se considere oportuno. Y el Estado se limitaría a comprobar cada cierto tiempo si los hijos están recibiendo esa enseñanza básica obligatoria.

Sobre que la enseñanza básica sea gratuita, como dice la Constitución, nos lleva al eterno debate de qué es “gratuito”. ¿Lo que pagan todos los ciudadanos es gratuito… o no es gratuito? Obviamente, no lo es. Y probablemente sea a eso a lo que se refiera la Constitución, a que la enseñanza básica se pague entre todos los ciudadanos. Entonces, ¿Prohíbe la Constitución que los padres paguen la educación de sus hijos? ¿Y si un niño es educado en su casa, cómo se evalúa cuánto ha costado educarle, para dárselo a sus padres? Nosotros creemos que no se debe considerar que es gratuito lo que se paga con dinero de todos los ciudadanos. Pero nuestra propuesta es el cheque escolar, que se daría a todo el mundo, lo que cumpliría este requisito constitucional.

Otra idea que entendemos que es muy importante es la de la autoridad paterna. Lo primero que hay que aclarar es qué se entiende por autoridad paterna. Hasta ahora lo que se entiende por autoridad paterna es que los padres sean eficientes imponiendo a los hijos las decisiones de los gobernantes. Es decir, que los padres se encarguen de que los hijos hagan lo que el Gobierno quiere que hagan: que vayan a clase puntualmente, que no falten a las clases, que estudien las asignaturas que les dan en clase, que dedique miles de horas a hacer deberes repetitivos, etc. Nosotros entendemos que eso no es autoridad paterna, eso es sumisión de los padres a los gobernantes.

La autoridad paterna debe consistir en que los padres tengan autoridad para decidir la educación que quieren darle a sus hijos: si quieren llevarles o no a un colegio, si quieren que estudien materias teóricas o que aprendan un oficio, etc. Creemos que es fundamental que exista esa autoridad paterna, y que se termine la sumisión de los padres a los gobernantes.

Y algo que también es necesario tener en cuenta para diseñar el sistema educativo es la salud de los alumnos. No es en absoluto aceptable que no se estudien los posibles daños a la salud de los alumnos causados por el sistema educativo, como pasa ahora, aceptando como lógico y normal que cualquier daño a la salud de los alumnos está justificado por la consecución de ese “bien supremo” que es la memorización de conocimientos inútiles para la vida real (que es en lo que consiste, en general, la educación actual). Hay una frase de Catherine L’Ecuyer que resume perfectamente el daño a la salud de los niños en los colegios. Dice algo así como que nos pasamos los primeros 3 años intentando que los niños hablen, jueguen y se muevan, y a partir de ahí nos pasamos los siguientes 15 ó 20 años intentando que estén quietos, sentados y callados. Obviamente, esto es inaceptable  y contrario a la naturaleza y a las necesidades del ser humano.

En consecuencia, entendemos que se deberían estudiar cuestiones como el daño que provoca el estrés que suponen los exámenes, el daño físico que supone estar sentado en una postura estática cuando el cuerpo está desarrollándose y también cuando se es más mayor, el daño psicológico que supone estar varias horas al día callado bajo amenaza de ser regañado si se habla y sin poder expresar opiniones, ni conversar, los daños que pueda provocar a la salud no poder ir al servicio cuando se necesita, o solo poder alimentarse en determinados momentos del día, etc. Y habría que diseñar todo sistema educativo teniendo en cuenta los daños provocados, y entendiendo que no son aceptables todos los “daños colaterales”.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, entendemos que hay dos propuestas que deberían implementarse en la educación: la educación en el hogar y cheque escolar

Educación en el hogar

La educación en el hogar está totalmente dentro de la Constitución, pues ya hemos comentado que la Constitución dice que “la enseñanza básica es obligatoria”, pero no dice que sea obligatoria la escolarización, ni que haya que tener un título determinado para impartir esa enseñanza básica.

Usamos la expresión “educación en el  hogar”, pero nos referimos a educar donde se considere oportuno. Por ejemplo, entendemos que para estudiar geografía es mejor viajar que leer un libro, que para conocer las especies de árboles y plantas es mejor ir a un parque o a un bosque que ver dibujos de un libro, para aprender mecánica el mejor sitio es un taller, y que para aprender construcción el mejor sitio es una obra.

En definitiva, por “educación en el hogar” entendemos educar a las personas fuera de las aulas, de la forma que cada uno considere más conveniente.

Dado que es obligatoria la enseñanza básica, entendemos que se deben definir los contenidos de dicha enseñanza básica, y quien fuese educado en el hogar debería demostrar que ha adquirido esos conocimientos.

El demostrar que se han adquirido los conocimientos obligatorios no tendría que ser con exámenes como se entienden desde hace décadas los exámenes, se podrían buscar otros métodos, fundamentalmente prácticos, y no basados en la memorización sin entendimiento, que es en lo que se basan actualmente los exámenes. Y también deberían ser flexibles los plazos para hacer esas pruebas de evaluación, de forma que en ningún caso fuese determinante la hora o el día de realización de la prueba, sino que lo determinante fuese conseguir evaluar correctamente si se tienen los conocimientos, o no.

Educando en el hogar habría que enseñar los conocimientos básicos obligatorios, como hemos dicho, y además de ellos habría total libertad para educar a los hijos. Por ejemplo, podría haber gente que volviese al tradicional sistema ahora extinguido de enseñar oficios de padres a hijos. Otros podrían centrar la educación en la música, en la educación física… Y otros podrían inventarse cualquier cosa, dentro de la libertad absoluta para la educación.

Para entrar en las carreras universitarias se deberían hacer unas pruebas de evaluación, específicas para cada carrera, en las que se demostrase que se tienen los conocimientos necesarios para poder acceder a la carrera, y con eso sería suficiente.

Cheque escolar

El cheque escolar es la forma de conseguir que el dinero público dedicado a educación sea controlador por los padres, y no por los políticos.

El cheque escolar consiste en calcular el dinero que cuesta cada mes una plaza en la educación básica (y obligatoria), y dar ese dinero a los padres. Y los padres ese dinero se lo darían al centro escolar que quisieran, sea público o privado. Con lo cual, el Estado estaría garantizando que todo el mundo tuviese derecho a la educación básica y, además, estaría garantizando la libertad de elegir centro educativo para los padres.

Con esto se lograría que existiese libre competencia entre los centros educativos, pues los padres elegirían aquellos centros que tuviesen más calidad desde su punto de vista. Con lo cual se garantizaría el derecho a la libre enseñanza, como establece el artículo 27 de la Constitución.

Es muy importante tener en cuenta que para calcular lo que cuesta una plaza de escolarización habría que quitar el gasto en corrupción y despilfarro. Es decir, el gasto en 17 consejerías con todos sus enchufados puestos a dedo cobrando auténticos “sueldazos” a costa del contribuyente, no son gasto en educación, sino despilfarro y corrupción. Por tanto, habría que eliminar todo ese tipo de gastos (eliminando las autonomías, empresas públicas dedicadas al expolio del ciudadano, etc,) y calcular lo que cuesta cada plaza sin todo esto. Obviamente, el coste sería muy por debajo del actual.

Otra cosa a tener en cuenta es que el cheque escolar se daría a todos los alumnos, sin discriminar a nadie por motivos económicos, ni por ningún otro motivo.

Los centros públicos no podrían cobrar más dinero que el importe calculado para cada plaza, que se pagaría íntegramente con el cheque escolar, y los centros privados podrían cobrar un importe por encima de ese importe del cheque escolar, pero lo tendrían que pagar los padres.

Lo que sí podrían hacer tanto los centros públicos como los privados sería organizar actividades extraescolares (por ejemplo, excursiones), cuyo importe habría que pagar aparte del cheque escolar.

Aquellos padres que optasen por la educación en el hogar también recibirían el cheque escolar, que gastarían en la educación de sus hijos de la forma que considerasen más conveniente (profesores, material para el estudio, etc).

Sobre los centros concertados, dejarían de existir al implantar el cheque escolar, porque dejarían de tener sentido. Desaparece el concepto de “colegio concertado”, porque se podría decir que cada padre es libre de establecer el concierto con el colegio que quiera.

Desde el punto de vista legal, el cheque escolar supone cumplir el artículo 27 de la Constitución, que ahora mismo no se está cumpliendo a pesar de ser un derecho fundamental, pues se garantizaría de forma práctica que todos tengan el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, y la “gratuidad” de la enseñanza básica (entendiendo, como ya hemos explicado, que lo que pagamos entre todos no es gratis, es pagado entre todos). Además, la CE reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, y con el cheque escolar se fomenta esta libertad, pues se pone en igualdad de condiciones a todos los centros docentes. Y también se cumpliría que “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”, pero de una forma totalmente justa, pues la ley establecería que se ayudaría a todos los centros docentes, y serían los padres junto a sus hijos los encargados de decidir a qué centros van esas ayudas.

Acciones necesarias para conseguir nuestros objetivos fundamentales

Los cambios que hemos propuesto en el apartado anterior suponen cambiar muy drásticamente nuestra sociedad. Y para llevar a cabo esos cambios es necesario llevar a cabo una serie de acciones previas y cambios. En este apartado explicaremos todas esas acciones necesarias para llevar a cabo la reestructuración de nuestra sociedad que creemos necesaria, que son:

1.- Reducir gasto público – aumentar ingresos públicos (bajando los impuestos)

2.- Acabar con la pobreza impositiva

3.- Informatización de la Justicia e incremento de los castigos a los delincuentes

4.- Aumento de las plantillas policiales y de la Guardia Civil

A continuación explicamos detalladamente cada uno de esos puntos.

1.- Reducir gasto público – aumentar ingresos públicos (bajando los impuestos)

Los periodistas a sueldo de la nueva aristocracia repiten mucho eso de que “la economía del Estado es como la economía de una casa: hay que gastar menos de lo que se ingresa”. Pero es mentira. Otra de las grandes mentiras del sistema.

La economía del Estado (y de todas las administraciones públicas que hay ahora en España) no tiene nada que ver con la economía de una vivienda. La diferencia fundamental es que en una vivienda quienes ingresan, gastan, se endeudan, y pagan las deudas, son los mismos, son los miembros de esa vivienda. Sin embargo, en el Estado y las administraciones públicas unos gastan y contraen deudas (los políticos) y otros pagan esos gastos y esas deudas (los ciudadanos honrados). Por eso en las administraciones públicas y los gobiernos hay un exceso de gastos superfluos tan grande, porque no están gastando su propio dinero, están gastando el dinero de los ciudadanos. Y cuánto más dinero de los ciudadanos gastan en sí mismos, más pobres son los ciudadanos, y más ricos son ellos. Incluso si una administración es multada por hacer las cosas mal, quienes pagan la multa no son los políticos que han hecho las cosas mal, sino los ciudadanos, que no solo tienen que sufrir las consecuencias de que los políticos hayan hecho mal las cosas, sino que además tienen que pagar la multa impuesta por lo mal que lo han hecho los políticos. Evidentemente, esto es una tremenda injusticia, y hay que acabar con ella.

Lo primero que hay que hacer para acabar con esta situación es cambiar el régimen de responsabilidades de los políticos. No les puede salir gratis despilfarrar el dinero de los ciudadanos, y endeudar para décadas a los ciudadanos… y tengamos presente que ahora no les sale gratis, sino que se enriquecen con ello.

Por tanto, hay que prohibir emitir deuda pública. Por muchos motivos. El primero es porque cuando un político emite deuda pública está gastando dinero de una legislatura (o varias) para la que no ha sido elegido. Además, emitir deuda pública es subir los impuestos en diferido. Es decir, es subir los impuestos engañando a los ciudadanos, haciéndoles creer que no se les están subiendo. Y por todo ello, emitir deuda pública es algo profundamente injusto e inaceptable. Si una persona contrae una deuda, se obliga a pagar esa deuda. Pero si es un cargo político el que contrae esa deuda, son los ciudadanos los que deben pagar esas deudas. Eso ha sido así hasta ahora, y hay que acabar con eso.

Cuando se habla de gastar dinero público, los políticos no solo hacen daño cuando lo roban, también cuando lo malversan. Por ejemplo, cuando crean un cargo que no sirve para nada, y meten en él a un familiar o un amigo a cobrar 350.000 euros al año, legalmente no están robando ese dinero… pero la realidad es que sí lo están robando. Así que entendemos que otra medida necesaria para reducir drásticamente el gasto público y, así, los impuestos, es encarcelar a quien malverse dinero público, y obligarle a pagar con su patrimonio al menos el triple del dinero que ha malversado.

Hay que desincentivar totalmente no solo el robo sino también la malversación de dinero público. Y para ello es necesario establecer fuertes multas y penas de cárcel de muchos años. Por tanto, para los políticos que malversen dinero público hay que establecer que repongan con su propio patrimonio el dinero malversado, y paguen multas de 3 ó 4 veces lo malversado. Y hay que establecer penas de cárcel para estos delitos de muchos años de cárcel, por encima de los 20 años, para evitar que quien los cometa, haciendo vivir muy mal a cientos de miles o millones de personas, viva muy bien.

En cuánto a la administración propiamente dicha, entendemos que la administración de lo público debe entenderse desde un punto de vista empresarial: hay que buscar la máxima eficiencia. Y eso supone gastar lo mínimo posible, e ingresar lo máximo posible (con los impuestos, multas y tasas más bajos posible), consiguiendo los mejores rendimientos posibles.

Entendemos que administrar basándose en ideologías, como se ha hecho en España en las últimas décadas, es una herramienta para enfrentar a los ciudadanos, crear odios, y que los políticos puedan llevarse el dinero de los ciudadanos.

Así, por ejemplo, entendemos que el debate sobre si deben existir o no las autonomías, no debe ser un debate ideológico, sino económico. Es decir, un extremeño no es ni más ni menos extremeño porque existan las autonomías o dejen de existir. Es un hecho evidente que los extremeños eran extremeños desde siglos antes de existir las autonomías, y no han hecho falta las autonomías ni para que haya extremeños, ni para que los extremeños tengan su acento, ni ninguno de sus rasgos culturales. Pero desde el punto de vista económico, las autonomías hacen más pobres a los extremeños, pues hay unos cuantos miles de parásitos llevándose el dinero de los extremeños a costa de las autonomías. Por tanto, desde un punto de vista de la búsqueda de la eficiencia económica, es claro que es mejor eliminar las autonomías, eso haría mejor la vida de los extremeños… y de todos los españoles.

En consecuencia, creemos que se deben eliminar todos los gastos de dinero público no necesarios, y aumentar todo lo posible los ingresos de dinero público (no a base de multas, por supuesto, sino como explicaremos más adelante).

Así, entendemos que no es suficiente con “optimizar” las administraciones españolas, sino que hay que cambiar totalmente el sistema que se usa para administrar España. Hay que empezar por fusionar miles de ayuntamientos, eliminar las diputaciones, el Senado, las autonomías, el Defensor del Pueblo y la Monarquía, cerrar todas las empresas públicas que estén perdiendo dinero y no tengan posibilidad de ganarlo en el futuro, privatizar las que estén ganando dinero o puedan ganarlo en el futuro, e integrar en la estructura de la Administración las que estén haciendo una labor que deba hacerse, pero no sea necesario hacerse a través de una empresa, sino que se hayan creado para robar dinero o cobrar sueldos muy altos y poner a dedo a enchufados, y que los trabajos sean realizados por funcionarios, no por enchufados a dedo con sueldos muy superiores a los de los funcionarios. Por supuesto, también habría que eliminar todo tipo de privilegios, como sueldos vitalicios, despachos y asistentes para políticos que ya no tienen cargo, etc. Son tantos los gastos superfluos y suprimibles que hay en España, que solo sirven para que la nueva aristocracia viva muy bien a costa de los ciudadanos, que seguro que nos olvidamos muchos gastos que habría que quitar, pero que se entienda que creemos que hay que eliminar todo ese tipo de gastos, absolutamente todos.

Sobre la Monarquía, hay que tener claro que no tiene apenas funciones, por lo que es un gasto totalmente innecesario. Por ejemplo, el Rey firma leyes, pero no tiene responsabilidad, y esas leyes deben ser refrendadas por otra persona. Entonces, ¿Para qué pagar al Rey para que firme leyes? ¿Por qué no pagar solo a quien firma asumiendo la responsabilidad? Y no proponemos sustituir al Rey por un Presidente de República, o cualquier otra figura. Creemos que simplemente hay que eliminar la Monarquía, y que en España haya un Presidente del Gobierno que asuma las poquísimas funciones que actualmente tiene el Rey, sumadas a las que tiene el Presidente del Gobierno. Es lo más eficiente económicamente, lo que más barato nos saldría a los españoles.

Y eliminar todos esos gastos innecesarios de dinero público tendría otra cara de la moneda: los ingresos. Todo lo que todos esos cargos públicos dejasen de usar, se vendería o alquilaría, y pasarían a ser ingresos para las arcas públicas. Por ejemplo, los edificios que ocupan los miles de ayuntamientos que se suprimiesen, los de las autonomías, los del Senado, los de la Monarquía, etc, son muchos miles de metros cuadrados, normalmente en las zonas más caras de ciudades y pueblos. También se venderían los vehículos oficiales, material informático, etc. Todo eso que ahora cuesta muchísimo dinero para adquirir y mantener a los ciudadanos, pasaría a ser dinero para las arcas públicas, es decir, para los ciudadanos, es decir, redundaría en bajadas de impuestos.

Además, estaría el ahorro en sueldos. Todo el que estuviese cobrando un sueldo con dinero público de forma innecesaria (políticos y asesores nombrados a dedo, y todo tipo de enchufados) dejaría de cobrar ese sueldo y, en principio, pasaría a cobrar el paro. El mínimo de paro. Con el consiguiente ahorro para los ciudadanos. Pero hay que tener en cuenta que con todas las medidas que proponemos, la mayoría o todos ellos, encontrarían trabajo muy pronto, con lo cual empezarían a pagar impuestos, y pasarían de ser una carga para los españoles, a contribuir a mejorar España.

Eso sí: no habría que echar a ningún funcionario. Los funcionarios tienen contratos en vigor que son legales y que habría que respetar, porque para que España funcione bien es necesario que haya seguridad legal. Simplemente, los funcionarios que hubiese se reasignarían a los puestos que quedasen, entendiendo que al quitar a muchos enchufados puestos a dedo, habría plazas que pasarían a ser ocupadas por funcionarios.

Si se llevan a cabo todas estas medidas, el gasto público bajaría muchísimo, e incluso aumentarían los ingresos de dinero público, como hemos visto. Todo lo cual posibilitaría bajar muchísimo los impuestos, hasta niveles ahora impensables… ¿Hasta cuánto? Es imposible de evaluar… pero puede que se lograse volver al diezmo… eso que en el colegio nos contaban que eran unos impuestos abusivos propios de épocas oscuras y tenebrosas.

2.- Acabar con la pobreza impositiva

Ya hemos hablado de la necesidad de bajar muchísimo los impuestos. Aquí hablamos de una parte específica de este tema.

Por “pobreza impositiva” entendemos: encarecer artificialmente las necesidades básicas a base de impuestos. Es decir, hacer a base de impuestos que simplemente “vivir” sea muy caro.

La pobreza impositiva está haciendo la vida muy difícil a millones de españoles. Y lo está haciendo a base de subir con impuestos el importe de lo necesario para vivir, simplemente para subsistir. Es decir, el IBI de las viviendas, los recibos del gas y la luz, los impuestos de circulación de los vehículos, lo que cobran por aparcar en las calles, los impuestos sobre la alimentación, y un larguísimo etcétera de impuestos y tasas hacen que sea carísimo “vivir”, simplemente “vivir”, sin ningún lujo. Y eso ni es justo, ni tendría por qué ser así.

Una persona que viva en su casa sin ningún lujo, tendría que poder vivir con muy poco dinero. Pero por culpa de los impuestos a las necesidades básicas, esto es imposible. Quienes ganan sueldos más o menos aceptables no lo notan tanto. Pero es especialmente dañino para quienes tienen sueldos bajos, o tienen que vivir con pensiones de miseria (que son de miseria por culpa del actual sistema de pensiones, no porque a lo largo de su vida hayan dado poco dinero para su pensión, no perdamos esto de vista nunca).

¿Y qué se hace con esos impuestos que hacen que la vida básica sea tan cara? ¿Están justificados? No, en absoluto están justificados. No se usan para hacer hospitales y carreteras, como nos cuentan cada vez que alguien se queja de que pagamos muchos impuestos. Se usan para que la nueva aristocracia, sus familiares, amigos y socios, puedan vivir a cuerpo de rey. Es decir, es una total injusticia.

Por tanto, es necesario y urgente acabar con la pobreza impositiva.

Y, ¿Cómo acabar con la pobreza impositiva? Es muy fácil, solo hay que bajar los impuestos a todas esas necesidades básicas… pero para bajar los impuestos hay que bajar los gastos. Lo que nos lleva al punto anterior: hay que reducir drásticamente el gasto público, y obtener ingresos de esa reducción. Y así se podrá acabar con la pobreza impositiva, además de con muchos otros problemas de los españoles.

3.- Informatización de la Justicia e incremento de los castigos a los delincuentes

Como hemos visto cuando hemos hablado de economía y de la organización administrativa y política, el mayor problema de la economía española es el exceso de gasto público. Y el motivo por el que existe todo ese despilfarro de dinero público es claro: la corrupción. Es decir, pagamos tantos impuestos, y se gastan tanto dinero nuestro, y contraen tanta deuda pública para enriquecerse los que gastan y contraen deudas.

Por tanto, el mayor problema que tiene la economía española es la corrupción.

Y, obviamente, no es la corrupción el único problema legal importante, hay otros como la delincuencia de todo tipo: tráfico de drogas, pederastia, tráfico de seres humanos, robos en viviendas, atracos por las calles, terrorismo, ocupación de viviendas, etc.

Por todo lo cual se puede decir que la delincuencia es uno de los principales problemas que tiene España.

Y para luchar contra la delincuencia hace falta una Justicia justa e independiente (ya hemos visto antes como conseguir que la Justicia sea independiente) y eficiente en su funcionamiento. Y la Justicia española no es eficiente, es lenta, los juzgados están saturados, los jueces tienen mucho más trabajo del que pueden gestionar, mucha gente tarda años en ver cómo se resuelve un pleito.

Por todo ello, es necesaria la informatización de la Justicia. Es decir, que la eficiencia que ha traído la informática a las empresas privadas y a Hacienda se traslade a la Justicia, de forma que se ahorre tiempo y dinero, y se mejoren las formas de hacer las cosas. En definitiva, de forma que la Justicia sea más rápida, y se eviten fallos.

Además, también haría falta aumentar las penas para la mayoría de los delitos, y acabar con los privilegios de los delincuentes, y las injusticias que fomentan los delitos, o dificultan la lucha contra los delincuentes. Obviamente, también es muy importante endurecer el castigo de la parte económica de los delitos, y que los delincuentes no solo devuelvan lo que han robado y paguen el importe de todos los daños que han provocado, sino que se les impongan multas de varias veces lo que han robado y los daños económicos que han causado.

Queremos hacer una mención especial al problema de la inmigración ilegal, que es un problema que preocupa, con razón, a muchos españoles.

El motivo por el que los gobiernos convierten a seres humanos en “ilegales”, y luego llenan sus países de esos “ilegales”, es para fomentar el delito, pues los “ilegales” son personas extremadamente vulnerables desde un punto de vista jurídico, económico, social, humano, etc. Así, el tráfico de drogas, la prostitución, el tráfico de seres humanos, los homicidios, etc, son delitos en los que participan y son víctimas un número importante de “ilegales” (aquí se puede leer un estudio al respecto: https://www.outono.net/elentir/2018/11/13/inmigracion-masiva-y-delincuencia-en-espana-esto-es-lo-que-dicen-las-estadisticas-oficiales/ ). Por tanto, la forma de acabar con la inmigración ilegal es tomar medidas para acabar con la delincuencia en general (como las que proponemos) pues si se acaban las facilidades para delinquir, dejará de ser rentable convertir a seres humanos en “ilegales” y llevarlos de unos países a otros. También, por supuesto, debería dejar de darse dinero público a esos seres humanos convertidos en “ilegales” por nuestros políticos, y a todos los que están haciendo negocio gracias a ellos (ONG´s, asociaciones, etc).

Es decir, nuestra propuesta para acabar con la inmigración ilegal es lo que hemos propuesto en este punto: informatizar la justicia, castigar a los delincuentes con mucha más dureza, y dejar de dar dinero público al negocio de la inmigración ilegal.

4.- Aumento de las plantillas policiales y de la Guardia Civil

Hemos visto en el párrafo anterior lo necesario que es mejorar la Justicia. Y para mejorar la Justicia no solo hay que mejorar la parte de juzgados y tribunales. El trabajo que podríamos llamar “de campo” de la Justicia, lo hacen policías y guardias civiles, deteniendo gente, investigando, etc. Es decir: para que funcione bien la Justicia, tiene que funcionar bien la Policía y la Guardia Civil.

Desde hace varios años, se han reducido las plantillas de Policía y Guardia Civil con la excusa de que “había crisis”, “no hay dinero”, cuando la realidad es que no paraban de aumentar el gasto público y la deuda pública año tras año. Y esa reducción de plantilla en Policía y Guardia Civil ha servido para dificultar la lucha contra la delincuencia, al faltar efectivos para cubrir todos los campos que hay cubrir. Y, como hemos comentado, cuánta más delincuencia hay, peor funciona la economía, y peor viven los ciudadanos.

Por tanto, como complemento necesario e imprescindible del punto anterior, es necesario aumentar las plantillas de Policía y Guardia Civil, y dotarlas de todos los medios necesarios para llevar a cabo su trabajo de la forma más eficiente posible.