Hasta ahora, en la práctica, la democracia española ha consistido en que la gente elegía un dictador (con un sistema de elección y de recuento de votos que nosotros proponemos mejorar, como explicamos en nuestros Fundamentos), y ese dictador imponía su voluntad durante 4 años (o menos, si había elecciones anticipadas). Obviamente, esto no es muy democrático, y debe ser mejorado. Pero el problema empieza en los partidos: el funcionamiento de los partidos es exactamente igual al descrito para el Gobierno de España. Es decir, en los partidos los afiliados elijen quién manda en el partido (o se finge que son los afiliados quienes lo eligen), y luego el Presidente del partido gobierna de forma dictatorial el partido. Los afiliados están para pagar las cuotas (y si el partido tiene representación da igual que no las paguen, porque el partido vive del dinero público), aplaudir en los mítines y en las redes, y poner mesas propagandísticas en las calles. Es decir, el funcionamiento de los partidos políticos es tan poco democrático como el funcionamiento del Gobierno de España que ejercen esos partidos cuando gobiernan. En SC creemos que eso debe cambiar.

En primer lugar, las decisiones importantes del Gobierno de España, y de los distintos gobierno (municipales, autonómicos, provinciales) deben ser tomadas por los ciudadanos, no por los gobernantes, para lo cual deberían convocarse los referéndum vinculantes que fueran necesarios.

Y eso mismo debería hacerse en los partidos políticos: deberían decidirse por referéndum vinculante, en los cuales tendrían derecho a votos todos los afiliados que estuvieran al corriente del pago de sus cuotas, las decisiones importantes, las posturas a tomar por el partido en temas importantes, el sentido del voto del partido en las votaciones en las cámaras de representación, etc.

Es decir, tenemos que conseguir que en España haya una verdadera democracia. Y eso empieza por conseguir que en los partidos políticos españoles haya una verdadera democracia. Y el primer paso para conseguirlo es que los directivos de los partidos políticos se conviertan en gestores, y las decisiones en los partidos políticos las tomen los afiliados.